IGUALDAD ANTE LA LEY:

Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley"

a) Si existe alguna incompatibilidad entre las reformas propuestas y las disposiciones citadas de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

En una forma específica, dentro del contexto de la pregunta anterior, estima que deben contestarse las siguientes preguntas:

b) ¿Se afecta en alguna forma el derecho de toda persona atener una nacionalidad estipulado en el artículo 20, párrafo primero, de la Convención, con las modificaciones proyectadas a los artículos 14 y 15 de la Constitución Política?

c) ¿Es compatible la reforma propuesta al inciso 4 del artículo 14, según el texto propuesto en el dictamen, con el artículo 17, párrafo 4, de la Convención, en cuanto a igualdad entre los cónyuges?

1. Los Estados Miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados Americanos. Asimismo, podrán consultarla, en lo que les compete, los órganos enumerados en el Capítulo X de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires.

2. La Corte, a solicitud de un Estado Miembro de la Organización, podrá darle opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales. (Opinión Consultiva 4/84; 19 de enero de 1984).-

Articulo 24

Igualdad ante la ley

Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.

Aunque las nociones no son idénticas y quizás la Corte tendrá en el futuro la oportunidad de precisar las diferencias, dicha disposición reitera en cierta forma el principio establecido en el articulo 1.1. En función del reconocimiento de igualdad ante la ley se prohibe todo tratamiento discriminatorio de origen legal. De este modo, la prohibición de discriminación ampliamente contenida en el articulo 1.1 respecto de los derechos y garantías estipulados por la Convención, se extiende al Derecho interno de los Estados Partes, de tal manera que es posible concluir que, con base en esas disposiciones, éstos se han comprometido, en virtud de la Convención, a no introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias referentes a la protección de la ley. (Opinión Consultiva 4/84; 19 de enero de 1984).-

LA CORTE ES DE OPINIÓN, En relación con el artículo 20 de la Convención, por cinco votos contra uno

Que el derecho a la nacionalidad, reconocido por el articulo 20 de la Convención, no está involucrado en el proyecto de reforma constitucional, objeto de la presente consulta.

En relación con los artículos 24 y 17.4 de la Convención, (Opinión Consultiva 4/84; 19 de enero de 1984).-

2. Que no constituye discriminación contraria a la Convención estipular condiciones preferentes para obtener la nacionalidad costarricense por naturalización en favor de los centroamericanos, iberoamericanos y españoles, frente a los demás extranjeros por cinco votos contra uno (Opinión Consultiva 4/84; 19 de enero de 1984).-

3. Que no constituye discriminación contraria a la Convención limitar esa preferencia a los centroamericanos, iberoamericanos y españoles por nacimiento. (Opinión Consultiva 4/84; 19 de enero de 1984).-

3. En mi opinión, los artículos 14.2 y 14.3 del proyecto de reforma a la Constitución serían compatibles con la Convención si se redactaran de la siguiente manera:

Artículo 14

2. Los nacionales de otros países de Centroamérica, españoles e iberoamericanos, sea por nacimiento o por naturalización, con cinco años de residencia oficial en el país y que cumplan con los demás requisitos que fije la ley.

3.Todos los demás extranjeros que han residido oficialmente por un término mínimo de siete años y que cumplan con los demás requisitos que fije la ley. (Opinión Consultiva 4/84; 19 de enero de 1984 Opinión disidente del Juez T. Buergenthal).-

4. La forma en que la Corte ha interpretado el artículo 24 de la Convención (y cabe señalar que estoy de acuerdo con esa interpretación) lleva, en mi opinión, a la conclusión de que la distinción que se pretende establecer es discriminatoria, ya que es desproporcionada y no guarda una relación razonable con los fines estatales que se persiguen con el proyecto de reforma. Al llegar a esta conclusión, no estoy negando el derecho que tiene todo Estado Parte en la Convención de adoptar clasificaciones legislativas con base en los vínculos históricos, culturales, sociales, lingüísticos y políticos que unen a los centroamericanos, españoles e iberoamericanos. Nadie que esté familiarizado con esta región del mundo puede desconocer la validez de esos vínculos, a pesar de que a veces se llegan a presentar reclamos exagerados en nombre de ellos. Sin embargo, dada esta realidad y las normas que rigen la interpretación y aplicación del artículo 24 de la Convención, y aun si quisiera cuestionar la sabiduría de la legislación propuesta, no me queda otra alternativa que reconocer que el que Costa Rica trate a otros centroamericanos y a españoles e iberoamericanos de una manera distinta a la forma en que trata a los nacionales de otros países para fines de naturalización, no resulta incompatible con la Convención. No obstante, cuando se clasifica de manera distinta a centroamericanos, españoles e iberoamericanos con base en si son nacionales por nacimiento o por naturalización, me veo obligado a preguntar, aplicando las normas de interpretación adoptadas por la Corte, qué tan razonable y proporcionada es esa clasificación, teniendo presentes los legítimos fines estatales que se persiguen con el proyecto de reforma. (Opinión Consultiva 4/84; 19 de enero de 1984 Opinión disidente del Juez T. Buergenthal).-

1(a) Que el derecho a la nacionalidad, reconocido por el artículo 20 de la Convención, no está involucrado, en general, en el proyecto de reforma constitucional objeto de la presente consulta; (Opinión Consultiva 4/84; 19 de enero de 1984 voto del Juez Piza Escalante).-

1(b) no obstante, en su párrafo 1, según el cual "toda persona tiene derecho a una nacionalidad", si está implicado en los casos a que se refiere mi opinión separada bajo los números 4 y 6 infra (Opinión Consultiva 4/84; 19 de enero de 1984 voto del Juez Piza Escalante).-

2. Que no constituye discriminación contraria a la Convención, estipular condiciones preferentes para obtener la nacionalidad costarricense por naturalización, en favor de los centroamericanos, iberoamericanos y españoles, frente a los demás extranjeros [arts. 14, incs. 2), 3) y 4), Const., incs. 2) y 3), proyecto. (Opinión Consultiva 4/84; 19 de enero de 1984 voto del Juez Piza Escalante).-

3. Que no constituye discriminación contraria a la Convención, limitar esa preferencia a los centroamericanos, iberoamericanos y españoles por nacimiento, no por naturalización (idem cit.) (Opinión Consultiva 4/84; 19 de enero de 1984 voto del Juez Piza Escalante)

4 (a) Que no constituye discriminación contraria a la Convención, estipular, entre los requisitos para la naturalización costarricense por naturalización, los de hablar el idioma español, en términos de poder comunicarse en él, y de jurar respetar el orden constitucional de la República (arts. 15 Const. y proyecto); (Opinión Consultiva 4/84; 19 de enero de 1984 voto del Juez Piza Escalante).-

4 (b) pero sí constituye discriminación contraria a la Convención, exigir ese conocimiento del idioma español en términos de leerlo y escribirlo, así como el requisito adicional de someterse a un examen comprensivo (sic) sobre la historia del país y sus valores (idem cit.); aunque tal discriminación no resulte del texto mismo de la norma propuesta, en su tenor literal, pero sí porque su sentido finalista conduce, y su aplicación previsible y normal conduciría, prácticamente, a exclusiones y distinciones arbitrarias entre seres y grupos humanos determinados; (Opinión Consultiva 4/84; 19 de enero de 1984 voto del Juez Piza Escalante).-

4 (c) en cambio, no constituye, en sí misma, discriminación contraria a la Convención, aunque no parezca un avance institucional, sustituir los actuales requisitos materiales de residencia o domicilio, solamente calificador como "residencia y vinculación, efectivas y estables, a la comunidad nacional, de conformidad con la reglamentación que establezca la ley", que el proyecto elimina, por los puramente formales de "residencia oficial", que consagra [arts. 14, incs. 2), 3) y 4), y 15, Const; 14, incs. 2) y 3), y 15, proyecto]. (Opinión Consultiva 4/84; 19 de enero de 1984 voto del Juez Piza Escalante).-

5 (a) Que si constituye discriminación incompatible con los artículos:

17.4 y 24 de la Convención, estipular condiciones preferentes para la naturalización por causa de matrimonio a favor de uno solo de los cónyuges arts. 14, inc. 5), Const., inc. 4), proyecto];

5 (b) discriminación que, no obstante, quedaría en ese aspecto superada mediante la moción de la Comisión Dictaminadora, que propone sustituir el concepto de "mujer extranjera" por el de "persona extranjera" art. 14, inc. 4), moción].

Agrego el siguiente:

6 (a) Que no constituye, en sí misma, discriminación contraria a la Convención, aunque sí una poca convincente regresión, condicionar la concesión de la naturalización voluntaria por causa de matrimonio, a requisitos adicionales de dos años de matrimonio y de residencia en el país, concurrentemente [arts. 14, inc. 5), Const., inc. 4), proyecto];

6 (b) en cambio, esa proporción sí parece incurrir directamente en una incompatibilidad con el derecho a la nacionalidad reconocido por el artículo 2O.~ de la Convención, en sí mismo; así como también en relación con los principios de unidad de la familia, implicados en los derechos que consagra el artículo 17 párrafos 1 y 2 de la misma, al imponer por dos años un impedimento irrazonable y un obstáculo grave al natural interés de los cónyuges en el fortalecimiento de aquella unidad familiar (idem cit.);

6 (c) además, sí parece constituir discriminación contraria a la Convención, así como una incompatibilidad en sí misma con los mencionados derechos a la nacionalidad y a la unidad de la familia, y con el específico interés de la comunidad internacional, de ir eliminando progresivamente los casos posibles de apatridia, extender el requisito adicionado, de dos años de matrimonio y de residencia, concurrentemente, al cónyuge que por causa de su matrimonio con costarricense pierda su nacionalidad, sobre todo porque ya la Constitución le confiere automáticamente la calidad nacional [art. 14, inc. 4), moción]; 6(d) también constituye discriminación contraria a la Convención, además de una incompatibilidad en sí misma con los derechos citados a la nacionalidad y a la unidad de la familia consagrados en ella, acumular, como quiere la Comisión, los requisitos, de dos años de matrimonio y residencia, concurrentemente, con la pérdida de la nacionalidad del extranjero que case con costarricense, excluyéndose, así, de toda preferencia para obtener la naturalización "voluntaria" por matrimonio con costarricense, a quien por esa causa no pierda su nacionalidad original [art. 14, inc. 4), moción]. (Opinión Consultiva 4/84; 19 de enero de 1984 voto del Juez Piza Escalante).-

"La Corte Suprema de Justicia de la Nación, al no hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto, ha incurrido en violación al derecho de igual protección de la ley, consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 24, ya que en recientes fallos de idéntica cuestión se ha expresado en el sentido contrario." (Marzioni v Estado Argentino; Conclusión de la Comisión del 15 de octubre de 1996).-

 

 

 

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