MIAMI.- El pasado 23 de junio, The New York Times reveló que el gobierno norteamericano monitoreaba las operaciones financieras de sospechosos de terrorismo a través de una organización internacional de clearing bancario denominada Swift, iniciales de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.

La noticia había sido publicada también por Los Angeles Times, The Wall Street Journal y The Washington Post, pero la furia de la administración Bush fue dirigida a The New York Times, en vista de que el gobierno había intentado persuadir al diario de que no divulgara la información, argumentando que ponía en peligro la seguridad nacional. George W. Bush calificó a la publicación del Times de "vergonzosa".

La semana pasada, la Cámara de Representantes aprobó una resolución que reclama la "cooperación de todas las organizaciones de prensa en la protección de la vida de los ciudadanos norteamericanos y en la capacidad del gobierno de identificar, perturbar y capturar terroristas, absteniéndose de publicar programas de inteligencia clasificados, como el Programa de Rastreo de Financiamiento del Terrorismo".

Resulta difícil no leer en estas exigencias una campaña de intimidación de la prensa y, en particular, de The New York Times, el cual, desde hace un tiempo, no oculta su disgusto por la forma en que la administración Bush conduce la guerra de Irak y otras áreas del gobierno.

El tema de la responsabilidad de la prensa es, por lo menos, tan viejo como la prensa misma y los intentos de los gobiernos, aún de aquellos que pasan por democráticos, de domesticar a la prensa, cuando no acallarla totalmente, deben tener la misma antigüedad.

La Primera Enmienda de la Constitución norteamericana protege la libertad de expresión y establece que el Congreso no pasará ley alguna que la restrinja. No hace ninguna referencia a su responsabilidad.

La sabiduría de los redactores de la Constitución norteamericana consistió, entre otras cosas, en reconocer que incorporar una demanda de responsabilidad a la libertad de prensa no sólo constituía una limitación de esta facultad sino que, por sobre todo, introducía un factor subjetivo al concepto de libertad, puesto que obligaba a definir lo que se entendía por "responsable".

Por lo general, los gobiernos y los poderes económicos consideran responsable todo aquello que los favorece e irresponsable todo aquello que los perjudica.

La aparición de un medio de prensa no viene acompañada de un juramento de responsabilidad en virtud de una regla, también muy antigua, que establece que la mentira tiene patas cortas. En tanto el principal valor de un medio radique en su credibilidad, el medio tratará de ejercer su responsabilidad de la manera más rigurosa, porque es lo que le conviene.

Todo gobierno comienza por creer que representa los intereses legítimos de la nación y termina persuadido de que todo aquello que se le opone conspira contra ese interés, de allí que mire a las libertades de la prensa con antipatía.

El gobierno norteamericano no ha aportado una sola prueba de que lo publicado por The New York Times haya puesto en peligro la seguridad nacional. En realidad, la seguridad nacional, si éste era el caso, ya había sido vulnerada por la facilidad con la que el Times y los demás diarios tuvieron acceso a esta información.

Pero los publicistas de los gobiernos saben que utilizando expresiones como "amenaza a la seguridad nacional", "intereses espurios", "defensa corporativa" y otros calificativos del arsenal de cucos, siembran sospechas sobre la legitimidad de la información que publican los medios y se presentan como víctimas de una campaña de desprestigio.

Ivan Eland, un investigador del Independent Institute, un think tank con base en Oakland, California, señala que los funcionarios del gobierno firman un compromiso de confidencialidad y están sujetos a un proceso criminal si revelan secretos, pero los periodistas no. La decisión de difundir o no una información resta en sus conciencias y en las normas éticas de la profesión.

En las democracias, los gobiernos son elegidos por el pueblo y son responsables ante él. Pero a la prensa no la elige nadie. La prensa se oferta al mercado sobre la base de la calidad de su producto y del prestigio de sus periodistas. Nadie obliga a nadie a leer un diario o una revista o mirar un noticiero de televisión, ni mucho menos, a creerle.

Por Mario Diament

La Nación 9 de julio 2006.-